En una decisión histórica que ha captado la atención de la comunidad internacional, el Gobierno de Canadá ha anunciado que, por primera vez, establecerá un límite formal al número de residentes temporales que pueden ingresar y permanecer en el país. Esta medida incluye a estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros y solicitantes de asilo. El anuncio fue realizado por el Ministro de Inmigración, Marc Miller, quien señaló que el objetivo es reducir gradualmente la proporción de residentes temporales al 5% de la población canadiense, desde el 6,2% actual.
Según Miller, la decisión se basa en la necesidad urgente de aliviar la creciente presión sobre el sistema de vivienda del país. «Nos encontramos en una situación insostenible. Las ciudades están experimentando una demanda sin precedentes de viviendas asequibles, y una parte significativa de esta presión proviene del crecimiento acelerado de la población temporal», explicó el funcionario en una rueda de prensa desde Ottawa.
El cambio implica una reducción significativa en los permisos de estudio emitidos: para 2024, se prevé la emisión de solo 364,000 permisos, lo que representa una disminución del 35% con respecto a 2023. El impacto de esta decisión ya se deja sentir entre instituciones educativas y estudiantes potenciales de todo el mundo. Universidades canadienses, muchas de las cuales dependen fuertemente de las matrículas de estudiantes internacionales, están revisando sus planes de admisión y programas de soporte.
Por otro lado, los estudiantes que ya se encuentran en el país o que cuentan con permisos vigentes no se verán afectados por esta nueva normativa, lo que ofrece algo de alivio para quienes están en medio de sus programas académicos.
Desde una perspectiva social y económica, la decisión ha generado un debate encendido. Algunos sectores apoyan la medida, argumentando que es necesaria para garantizar una mejor calidad de vida para todos los residentes, incluyendo a los propios inmigrantes. Otros critican lo que consideran una política restrictiva que podría reducir la diversidad cultural y el dinamismo económico del país.
En definitiva, Canadá se enfrenta al desafío de equilibrar su imagen como un país abierto y acogedor con las necesidades estructurales de su población. Esta medida marca un punto de inflexión en la política migratoria canadiense y podría sentar un precedente para otros países que también enfrentan crisis de vivienda similares.
